Por: Maria Isabel Urbina.
De antemano: dejando en claro que el derecho a la vivienda es esencial, hecho indudable. Un derecho humano de primera generación; el tener una vivienda digna, no un techo. Es su hábitat, y los modos de subsistencia en ese espacio físico. Las fuentes de empleo que Chavez, pregunta al ministro, en cada desarrollo urbanístico.
En el Capítulo de los Derechos Ambientales, leemos el artículo 127 de nuestra Constitución, que comprende la amplitud del bienestar, en su trascender al mundo futuro. El constituyente ata la actividad planificadora del Estado a la realidad ecológica y social.
Entramos a explicar que la Parroquia San Pedro del Municipio Guaicaipuro , recibe en este momento, afectación de tres invasiones, su eufemio: tomas.
Ante la mirada inerte de autoridad civil, militar, local, estadal y nacional. Desbastan los espacios que son las cuencas, de las que emana el agua limpia con que se riegan los cultivos. Zona protectora por definición de la ley de aguas.
La explosión demográfica , mal expresada en el trazado del sistema metro; cuando a su vez va generando presión urbanística y crecimiento anárquico. La respuesta el éxodo rural que por décadas se fue expandiendo en anillos de miseria en el siglo XX, lo llevamos a líneas.
Desarrollismo que avasalla el desarrollo rural, endógeno de la vida real. Avasalla cuando se desconoce la condición insustituíble del agua, como bien ambiental tutelado. Avasalla al menoscabar el concepto del interes nacional de la producción de alimentos.
Acaso ¿Puede una autoridad local prescindir de la norma constitucional? Y puede alguien o algo justificarse, hoy, por encima de una familia de agricultores. ¿Puede Alirio Mendoza, obviar el artículo 269 y ofrecer 140 casas a familias sin arraigo cultural común a nuestros pobladores? Mismo funcionario que ha negado espacio a un proyecto agroecológico que con apoyo financiero de INTEVEP logramos consolidar. Mismo fuencionario que negó disposición de espacios para la agrotienda al MPPAT.
En http://bit.ly/92E0GM el 5 de julio los directivos del Instituto de Vivienda ya hablan de mil familias. Aqui nadie está engañado. Guerra avisada
